Chile: La esperanza en disputa

Un análisis de las razones detrás de la derrota de la nueva Constitución redactada por una convención electa con paridad de género y heredera del estallido social de 2019. 

09 de septiembre, 2022 | 00.05

“Rechazo con esperanza”, casi un oxímoron, fue la consigna que esgrimió la derecha chilena para convencer a la población de decirle No, de manera aplastante, al texto constitucional que la Convención entregó al presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio. Así, el 61,86% de los votos rechazaron la propuesta, frente al 38,14% que alcanzó el "Apruebo".

El triunfo del rechazo había sido anunciado por las encuestas, pero la brecha entre una y otra opción y la imposibilidad del apruebo de superar la opción contraria en casi ningún distrito del país, con porcentajes récord de participación (75%) no deja de desorientar ante cualquier análisis que no sea abordado desde una perspectiva compleja, que contemple la sucesión de los múltiples conflictos políticos y sociales desatados en el país, no reduciendo el análisis a evaluar la “foto” del plebiscito.

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¿Podría decirse que, como en otros capítulos de la historia, una parte de la derecha política supo ocupar el horizonte de esperanzas con un contundente mensaje al pueblo chileno sobre las transformaciones que tomaron masividad en las protestas de calle en 2019? ¿Habría que buscar las causas en el aún potente aparato económico, mediático y cultural que dejó la dictadura y que continúan alimentando los discursos que construyen el sentido común? ¿Cómo se explica el pasaje de una revuelta popular hacia el aplastante rechazo del texto escrito de puño y letra por muchos de los actores de aquella revuelta? 

El texto constituyente proponía, no sólo reemplazar la constitución que dejó como legado la dictadura de Augusto Pinochet, sino profundas transformaciones en campos sensibles para la sociedad chilena. Allí se leían respuestas a muchas de las demandas que surgieron del estallido social de 2019: un Estado plurinacional, derecho humano al agua y su mención como bien inapropiable, reinterpretación del Estado como garante de derechos, democracia paritaria, derechos sexuales y reproductivos, responsabilidades estatales en materia de vivienda, educación, salud, pensiones y seguridad social, y reforma de los cuerpos policiales militarizados.

Al conocerse los resultados, el presidente Boric le habló al país y diagnosticó que la nueva Constitución no había logrado representar el sentir popular chileno, el programa que la lucha popular forjó en las calles de 2019. “Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a las instituciones y a los políticos trabajar por una propuesta que nos una y represente a todos”, señaló Boric en su mensaje luego de los resultados .“Como presidente  recojo con mucha humildad el mensaje de la ciudadanía”, agregó, y valoró el proceso democrático por el que transita Chile: “La democracia sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo para recuperarse de sus fracturas y dolores”. 

Luego, anunció cambios en el gabinete, incorporó miembros en el Comité Político, un  órgano no institucional de relevancia para los Ejecutivos de Chile y amplió con esto la participación de cuadros de la ex Concertación en el Palacio de La Moneda.

Mientras el presidente hablaba, el movimiento estudiantil que jugó un papel protagónico en la revuelta de 2019 (y en su antesala histórica, con la “revolución pingüina” de 2011), organizó “un mochilazo” en las afueras de la Casa de Gobierno para pedir por una nueva Constitución. “Ante un pueblo sin memoria, estudiantes haciendo historia con lucha y organización”, se leyó en la bandera de arrastre en la manifestación, que fue reprimida por Carabineros.

En su discurso, el presidente también anunció que atenderá las urgencias, sin dejar de lado los cambios estructurales que el país necesita, y las enormes mayorías sociales aún no ha terminado de percibir un impacto de las medidas que alivien la situación por la que atraviesan en uno de los países de mayor desigualdad social de Latinoamérica, justo en un contexto económico doméstico complejo, y de recesión económica mundial en ciernes, que hoy excede todas las fronteras regionales e internacionales. Aún a pesar del emblemático aumento del salario mínimo por decreto, las y los chilenos no logran observar una mejora en su calidad de vida, ante un gobierno que no ha podido emprender ninguna reforma estructural al orden neoliberal que “El Ladrillo”, el programa económico del pinochetismo, impuso.

Cierto es, también, que se debe hacer mención a que en las elecciones presidenciales de fines de 2021, el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, obtuvo un 27,9% en primera vuelta y un 44% en segunda. De igual manera, en las elecciones parlamentarias complementarias a las presidenciales, “Apruebo dignidad”, la coalición de Gabriel Boric, se posicionó como la tercera fuerza parlamentaria del país, con apenas 4 senadores y 37 diputados, debiendo recurrir a alianzas con actores independientes y con el “Nuevo Pacto Social”, identidad partidaria actual de viejos cuadros de la Concertación.

Entre los cambios de gabinete, aparece el reemplazo de Izkia Siches, la ministra del interior, que supone uno de los cargos de mayor relevancia en el gobierno, y que cometió los primeros “errores no forzados” del gobierno, al no poder encarar con la firmeza necesaria una de las promesas de campaña, articulada a un mandato de la nueva constitución: entablar un diálogo para desmilitarizar los territorios mapuche. Sobre Siches hace rato que pesaba la necesidad de un reemplazo, incluso para potenciar el vínculo del Ejecutivo con los llamados “movimiento de pobladores”, las organizaciones sociales de Chile. 

También será reemplazado Giorgio Jackson, un hombre de confianza de Boric, en la Secretaría General de la Presidencia, y que constituye una pérdida para la articulación institucional del presidente.
La “mala prensa” que tuvo el nuevo texto constitucional se conjugó, así, con una especie de plebiscito sobre la gestión de Boric, al que desde sectores de izquierda se le endilga una “falsa neutralidad” sobre el apruebo constitucional que terminó desinflando el “apruebo” ante el valentonado “rechazo” que propició la ultraderecha.

Es por eso que el propio presidente, esta semana, pidió a sus emisarios políticos iniciar diálogos en el Congreso para acordar con las distintas fuerzas partidarias los términos en los que se avanzará para la discusión de una nueva Constitución, “una que nos represente a todos”. 

La refundación del pacto social chileno, ya no será discutida por la Convención constituyente en la que desembocó el estallido de una sociedad chilena hastiada y endeudada, cuya chispa fue encendida por los más jóvenes, a causa del aumento del pasaje, que rápidamente supieron expresar que “no son 30 pesos, son 30 años”. El Congreso volverá a mediar la representación popular, en pos de la unidad nacional. En ese contexto, ¿No es sintomático que en Chile, la captura de la esperanza quede reservada para la derecha? 

El proceso político desarrollado a partir de la revuelta popular de octubre de 2019 se encuentra hoy ante un punto de inflexión, que por un lado ubica a Boric ante una suerte de plebiscito de su gobierno y por otro, expresa una profundización democrática en una sociedad que ha vivido durante décadas, siendo el laboratorio del neoliberalismo y con escasa participación política. Un grave error para el gobierno sería reducir la salida a  “diálogos” institucionales, cuando las respuestas las tiene que buscar en la participación ciudadana, mucho más dispuesta a romper el status quo neoliberal. 

La reciente derrota en el campo de la consulta popular, pone en evidencia la privatización total del aparato comunicacional del país y la acertada estrategia de manipulación ideológica llevada adelante por los sectores dominantes, que resisten al proceso de cambio en desarrollo. Mientras la derecha chilena procura apropiarse del concepto y la percepción de la esperanza social, la movilización popular disminuida se enfrenta, incluso, a una no disminuída fuerza represiva de Carabineros.

En este sentido, el nuevo momento del proceso constitucional obliga a preguntarse: ¿quedará algo en el nuevo texto constitucional de las legítimas demandas que el pueblo chileno expresó en las jornadas históricas de 2019, como hecho síntesis en el proceso de lucha? Lejos de “cambiar todo para que no cambie nada” como denunciaba Giuseppe Tomasi en el Gatopardo, la movilización popular y la determinación política de la alianza “Apruebo Dignidad”, serán la garantía de torcer las correlaciones de fuerzas para que el pueblo recupere la esperanza y la dignidad se haga costumbre. Ya no como slogan, sino como una realidad efectiva por la que “Chile despertó” .

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Paula Giménez

Psicóloga, magister en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

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