Impuestos: con guiño del FMI, el gobierno avanza sobre privilegios de "grandes firmas"

Una “separata” del Presupuesto 2023 busca "poner de manifiesto los beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas", agregando que "Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas". 

18 de septiembre, 2022 | 00.05

El Presupuesto 2023, enviado a Diputados el pasado jueves, ratificó muchos de los compromisos que el actual gobierno firmó a comienzos de este año con el Fondo Monetario Internacional.

Uno de ellos, fue la reducción del déficit fiscal, que el Ejecutivo intentará lograr en 0,5 puntos del PBI este año, es decir unos 2.500 millones de dólares, y que proyecta reducirlo en otros 0,6 puntos en 2023. Por eso, la mayor novedad no es que el gobierno y el FMI, -organismo que reintrodujo a la Argentina en 2018 la alianza Cambiemos-, hayan planteado un nuevo ajuste en las cuentas públicas para el próximo año, sino el hecho de que ambos sostengan que en el mismo deberían revisarse las exenciones impositivas de las que gozan diversos sectores, que desde el Ejecutivo indican que se trata fundamentalmente de “grupos empresarios y grandes firmas”.

Puntualmente, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, emitió un comunicado en el que luego de afirmar que compartió con el ministro de Economía Sergio Massa “puntos de vista sobre la frágil situación económica y social de Argentina”, sostuvo que en pos de cumplir con el objetivo de reducir el déficit primario de 2,5 por ciento del PIB en 2022 a 1,9 por ciento del PIB en 2023, acordaron no solo reducir los subsidios a la energía, el transporte y agua, así como efectuar “una mejor priorización del gasto y Manejo estricto del presupuesto”, sino también una “agenda estructural”, en la que se hará “mayor hincapié en la revisión de los incentivos fiscales de las empresas y en la lucha contra la evasión fiscal”.

De hecho, un apartado del Presupuesto 2023 señala que existen beneficios impositivos a grupos empresarios y grandes firmas, cuyo “peso relativo, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”.

Se trata, específicamente, de reducciones impositivas o excepciones a regímenes tributarios vigentes (“gastos tributarios”), que disminuyen la recaudación total y plantean la necesidad de reducir aún más el gasto en otros ítems, como por ejemplo salud o educación, para alcanzar la reducción del déficit fiscal.

Técnicamente, el objeto de estas reducción y exenciones impositivas suele ser beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. Justificados en algunos casos y arbitrarios en otros, se trata en todos los casos de sectores con amplia capacidad de lobby o presión al Estado, muy diferente del que puede lograr el grueso de los trabajadores y desocupados.

El documento, al que accedió El Destape, da cuenta en este sentido que el total de estas reducciones y “gastos tributarios” asciende a 2,49 por ciento del PBI, tanto por normas impositivas (1,81 % del PIB o 2 billones 669 mil millones de pesos) y Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB o 995 mil millones de pesos).

Deducciones impositivas

La lista de los “gastos tributarios” la encabeza el Impuesto al Valor Agregado, que debido a sus exenciones resta 1,36 por ciento del PBI a la recaudación, es decir el 72 por ciento del déficit de 1,9 por ciento comprometido para 2023. En este caso, se trata en gran medida de exenciones a Obras Sociales, el PAMI, servicios educativos, y al pago que deben efectuar trabajadores patagónicos, como así también por alícuotas reducidas a la construcción de viviendas y a la producción de carnes, frutas, verduras y legumbres.

Luego, las exenciones del Impuesto a las Ganancias restan 0,51 por ciento del PBI a la recaudación, fundamentalmente por el no cobro de este impuesto a magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, que tal como lo anticipó El Destape les permitió dejar de tributar el 0,16 por ciento del PBI o 237.850 millones de pesos, pero también por montos que se dejan de cobrar a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y servicios educativos.

Seguido, aparecen deducciones a las empresas petroleras, que restan un 0,29 por ciento del PBI a la recaudación, por diversas normas y regímenes para los combustibles. Finalmente, se encuentran las exenciones a contribuciones a la seguridad social y al Comercio Exterior (0,10 por ciento del PBI cada uno) y a Impuestos internos (0,7).
 

En lo que respecta a promoción económica, que resta un 0,68 por ciento del PBI a la recaudación, la lista la encabeza el régimen de Promoción económica de Tierra del Fuego para fomentar el ensamblaje de electrodomésticos, cuyas exenciones restan un 0,35 por ciento del PBI a la recaudación, seguido por los beneficios a las empresas mineras, que restan un 0,04 y diversos regímenes de promoción industrial y a biocombustbles.

Con todo, y más allá de las intenciones que puedan tener tanto el FMI como el gobierno de revisar estas reducciones y gastos tributarios, resulta evidente la dificultad para hacer cambios estructurales, pues se trata de sectores económicos y sociales que han desarrollado una arquitectura política y jurídica para proteger estos beneficios.

Recientemente, el “Estudio de rigideces presupuestarias de la Administración Nacional”  de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPS) daba cuenta de las dificultades legales que tendría el gobierno para modificar el 90 por ciento del gasto público por los “instrumentos legales, contratos, demandas de la ciudadanía, compromisos políticos, o altos costos (judiciales, económicos o políticos)” o lo que es lo mismo, el intenso rol político que debería ejercer para modificar más del 10 por ciento de las partidas.

Lo mismo, pareciera suceder con la recaudación, más aún si se tiene en cuenta que, como lo señaló el Ejecutivo, el foco estará puesto en “grupos empresarios y grandes firmas”, por parte de un gobierno que hasta el momento no se ha caracterizado por llevar adelante importantes reformas económicas.

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