Incentivos al agro: lo que la corrida nos dejó

Qué busca la nueva medida del Banco Central, qué les ofrece a los agroproductores y qué resigna el Gobierno.

28 de julio, 2022 | 00.05

El pasado martes 26 de julio el Banco Central anunció la creación de un régimen especial de acceso al mercado de cambios para exportadores de soja en el marco de un contexto generalizado de reticencia a la liquidación, especulando con una devaluación que aumente las tasas de ganancia de la actividad o con un cambio en las normativas que les asegure lo mismo o más: en el extremo, que les permitan percibir sus ingresos en dólares en vez de ser obligados a cambiarlos por pesos al tipo de cambio oficial en el MULC.

Distintas estimaciones sitúan a la soja guardada en silobolsas en magnitudes de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, que de ser liquidadas traerían una necesaria calma en un mercado de cambios que está viviendo desde principios de mes, y principalmente desde la renuncia de Martín Guzmán, una situación de altísima fragilidad y volatilidad. La existencia de un cepo cambiario genera, ante corridas cambiarias, dos efectos distintos: por un lado, efectivamente se protege al tipo de cambio oficial y con ello a la mayoría de los precios internos; por el otro, el mercado paralelo puede mostrar fluctuaciones no solo mucho mayores -por su pequeña magnitud- sino que es muchísimo más difícil intervenir sobre él.

Así, la expresión de la corrida es el aumento de la brecha, y con ello sobrevienen problemas típicos de cualquier expectativa devaluatoria -con o sin cepo-, como el adelantamiento de importaciones y la postergación de exportaciones, además de otras conductas marcadamente delictivas, como la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de exportaciones o el liso y llano contrabando.

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Podemos discutir si se trata de una acción coordinada (en el sentido desestabilizador o hasta golpista) o si es el comportamiento racional de actores económicos dispersos que, ante una posible devaluación -que en algunos medios o hasta espacios académicos se presenta como inevitable- toman, en el marco de lo legal, las decisiones económicas que maximizan su beneficio. La opinión de quien suscribe se acerca más a esta segunda opción, mas esto no ha de llevarnos a minimizar la dimensión política del asunto: es precisamente el marco institucional vigente, dependiente de factores históricos y estructurales, que entre otras cosas son políticos, el que hace que el complejo exportador sojero tenga la capacidad económica y política de imponer sus condiciones desde la búsqueda legítima y legal de rentabilidades mayores.

Los anuncios del pasado martes ofrecen a los productores de soja, quienes hasta hoy recibían el monto exportado en pesos al tipo de cambio oficial menos el 33 por ciento de derechos de exportación (un tipo de cambio cercano a los 88 pesos por dólar) y con esos pesos podían hacer lo mismo que cualquier otra persona o empresa (plazos fijos, inversiones, comprar bonos o acciones, y en el caso de querer comprar dólares, hacerlo en el MEP -a 330 pesos el día del anuncio- o, las personas físicas, hasta 200 dólares al valor de 226 -tipo de cambio oficial + 30% de impuesto PAIS + 35% de anticipo de impuesto a las ganancias).

Ahora, un 30 por ciento del volumen exportado podrá ser utilizado para comprar dólares oficiales a 226. El 70 por ciento restante puede ser depositado en una cuenta “dollar-linked”, es decir, cuyo valor en pesos suba conforme lo haga el dólar oficial. Lo cierto es que esta parte de la cuenta es relativamente irrelevante, dado que la tasa de aumento del dólar oficial viene siendo muchísimo más baja que cualquier otro indicador. Hasta los plazos fijos convencionales reportan mayores rentabilidades.

Es decir, en comparación con la situación previa, se habilita el acceso a comprar dólares mucho más baratos que los que ofrece el mercado financiero a un grupo selecto de la población bajo condición de que los pesos con los que se compren surjan de la liquidación de la cosecha de soja.

En las cuentas de la restricción externa, el gobierno está renunciando al 30 por ciento de los dólares de la cosecha. Pero, simultáneamente, está habilitando un aumento de los precios internos, dado que el tipo de cambio de referencia de la exportación no serán ya los 88 pesos por dólar. Si asumimos que el productor va a comprar ese 30 por ciento de dólar ahorro permitido y luego lo venderá en el MEP, el tipo de cambio de referencia pasa a ser el siguiente: de esos 88 pesos, el 30% (26,4) se multiplica por el cociente entre el MEP y el dólar ahorro (1,46) y el restante 70% sigue valuándose a 88 pesos. El resultado es que el dólar de referencia será de 100 pesos, un 13% más que antes de los anuncios.

Se trata claramente de una concesión a un sector económicamente poderoso, donde el poder surge precisamente de la escasez de divisas. Como dijo alguna vez un economista argentino, “restricción externa es que el campo te marque la cancha”. Son las propias debilidades de la estructura productiva las que, en primer lugar, habilitan las corridas cambiarias y, en segundo lugar, permiten que ciertos actores ejerzan capacidad de presión. La pregunta política es cuáles son las herramientas que posee el Gobierno para enfrentarlo. Y estas son económicas, pero también, y sobre todo, políticas. La participación estatal en el comercio exterior que habría supuesto la expropiación de Vicentin otorgaba herramientas muy importantes para intervenir en casos como este. Sin embargo, esa fue una batalla que el Gobierno perdió no económicamente, sino políticamente.

Entonces, también son políticas las consecuencias. ¿Cuál será la reacción del ”campo” (enfatizando en las comillas) ante esta concesión? ¿La aceptarán y liquidarán la cosecha o la entenderán como una debilidad del gobierno e irán por más? En este contexto, es difícil ser optimista. En todo caso, la pregunta es cuáles son las alternativas. Pareciera que el gobierno se esmera en tener gestos amistosos e incluso importantes concesiones económicas a cambio de evitar una crisis o de asegurar algo de gobernabilidad. En todo caso, la experiencia reciente parece mostrar que la gobernabilidad se gana beneficiando a las mayorías antes que cediendo ante las minorías.
 

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Nicolás Dvoskin

 

Economista, Politólogo y Dr. en Ciencias Sociales. Investigador del Conicet. Profesor de las universidades de General Sarmiento y Lanús.

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