Cuando se pierden los límites todo está en peligro

Hay límites infranqueables en democracia, jugar con sus márgenes y fomentar la intolerancia siempre proclive a deslegitimar las instituciones constituye un serio peligro que debemos neutralizar.

25 de julio, 2022 | 00.05

Hay límites infranqueables en democracia, jugar con sus márgenes y fomentar la intolerancia siempre proclive a deslegitimar las instituciones constituye un serio peligro que debemos neutralizar, para lo cual hace falta convencernos y convencer que la sociedad toda debe ratificar un pacto democrático verdadero.

Retornos aciagos

Ningún ciclo histórico se repite en forma idéntica, ni alcanza con apelar al aforismo marxista de que primero se presenta como tragedia y luego como “comedia”, en tanto los diversos agentes, factores y circunstancias que configuran cada contexto varían, determinando en consecuencia peculiaridades no homologables.

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Sin embargo, las experiencias vividas forman -o debieran formar- parte de nuestra Memoria colectiva para desentrañar el pasado común, interpretar el presente y proyectarnos a un futuro mejor. Ese ejercicio reflexivo y propositivo de ningún modo puede pensarse dotado de uniformidad, en tanto las subjetividades, diversidades, concepciones y creencias de todo tipo e ideologías -que no murieron, pero parecieran desafallecientes- llevarán a lecturas diferentes o francamente contradictorias de esas experiencias.

En este punto entiendo pertinente hacer un distingo en la aludida pluralidad de convicciones, entre las que admiten el tendido de puentes que posibiliten puntos de encuentro incluso con antagonismos sustanciales, respecto de aquellas otras que jamás podrán arrimarse a una razonable convivencia comunitaria de conjunto.

En ese mismo sentido, aunque más difícil de concretar, es propender a individualizar algunas experiencias que una sociedad -con todas las singularidades que la componen- repudia, considera desafortunadas o, cuanto menos, se resiste a repetir. El punto de partida que elijamos, siempre pasible de arbitrariedades, será relevante o al menos cargado de subjetividades opinables; y, en cualquier caso, configurante de una parcialidad del tiempo histórico de la Argentina, que admitiría o no -según los gustos- extenderlo con el afán de identificar tendencias a las que se le asignen o nieguen cierto grado de permanencia. 

Próximos a cumplir 40 años continuos de vida en democracia, con sus vaivenes sí, pero sin registrarse golpes de Estado tradicionales con la consiguiente interrupción de la continuidad institucional republicana, tan recurrentes hasta 1983, entiendo factible tomar ese período como referencia y, lógicamente, con su emergente determinante de la restauración democrática.

Destacando la revalorización de la democracia como base indispensable para la organización política de la sociedad, con el necesario respeto de reglas mínimas e inexorables para su funcionamiento; la reivindicación y defensa de los derechos humanos, con especial -e inicial- direccionamiento a las gravísimas violaciones cometidas por el régimen genocida imperante entre 1976 y 1983; el reconocimiento de lo plural y lo diverso como natural a toda comunidad, con el consiguiente respeto a las libertades, derechos y potestades que suponen individual y colectivamente.

Sin caer en simplificaciones edulcoradas, ni minimizar graves episodios ocurridos en estas casi cuatro décadas o ignorar las acciones y relatos que -con diverso origen, motivación e intensidad- han incidido en el imaginario social, pienso que las antes aludidas constituyen -en buena medida- un núcleo de coincidencias mayoritarias en el pueblo argentino tanto en orden a experiencias en las que no se quiere reincidir, como en cuanto a la dirección en que se busca transitar para un mejor vivir.

República degradada

Las crisis reconocen campos e impactos disímiles, aunque las de índole económico suelen ser las más expansivas por su potencial incidencia en todos los ámbitos de nuestra existencia y porque sus causas suelen ser, paradójicamente, de otra naturaleza y responder, inicialmente, a propósitos ajenos a la Economía.

La escasez de insumos para producir, el desabastecimiento de bienes sensibles, la especulación de todo tipo, la retracción en la comercialización exportadora, las corridas (financieras, bancarias, cambiarias), la irracionalidad en la formación de precios, el desfinanciamiento del Estado, son componentes de la crisis actual que exhibe dos efectos predominantes para el común de la gente: un elevado índice inflacionario y un inestimable “precio” del dólar que estimula la inflación.

Como en otras ocasiones, y no casualmente ligada a los mismos actores, esta crisis busca golpear fuertemente la gobernabilidad, condicionar la acción del Estado e influir en el desenvolvimiento de las instituciones republicanas. Las maniobras desestabilizadoras se nutren de las operaciones de “Mercado”, vehiculizadas por sectores políticos de la oposición en sincronía con los medios de comunicación hegemónicos que son sus voceros naturales y que hoy en día, además, conforman corporaciones multinegocios que integran los poderes fácticos.

La domesticación de los gobiernos para asegurar intereses particulares muy distantes al bien común exige un Estado inerte, debilitar los Órganos de la República y distorsionar las funciones que le son propias. La descalificación social que se proponen está centrada en los que derivan de la voluntad popular (Ejecutivo y Legislativo), aunque también se proyecta en el Judicial en todo cuanto no responda disciplinadamente a sus mandatos y sirva, en definitiva, a la total degradación de una República democrática y social que pueda anteponer los intereses generales del Pueblo y de la Nación.

Aristocracia judicial

La declinación que se advierte en el servicio de justicia viene de lejos, sin duda es multicausal y superarla no depende solamente de la voluntad, aptitudes o disposición que ostenten magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Sin embargo, su descrédito se ha incrementado notoriamente en los últimos años no tanto por las deficiencias orgánico-estructurales que arrastraba, sino por la evidente colonización que ha sufrido de los poderes fácticos, el alineamiento político con los nominados por las Corporaciones y hasta por inclinaciones a constituirse a sí mismo en Partido Judicial, como sucedáneo del otrora Partido Militar, e intervenir decididamente en ese campo.

A eso colaboran las doctrinas vergonzantes e ilegales que pretenden instalar contraviniendo normas básicas de la Constitución Nacional, la manipulación en la asignación de causas y las escandalosas sentencias con las que urden ese andamiaje antidemocrático. Claro que ese tipo de conductas, que en numerosos casos importan el delito de prevaricato (fallar y/o adoptar decisiones en contra de la ley deliberadamente), no involucran a la totalidad de los integrantes del Poder Judicial, pero el activismo “militante” de unos y el silencio o pasividad de otros ante la notoria tendencia desprestigiante que se revela a los ojos de la ciudadanía conllevan a una generalización que no parece, por tal, injustificada.

La reducción de la Corte a su más mínima expresión tanto en miembros, género, calidad profesional y eticidad, reclama una drástica resolución dentro del marco constitucional, sin la cual será imposible reconstruir un sistema judicial que contraría su específica misión republicana. Es ostensible la falta de independencia del más Alto Tribunal como la proyección, por la emulación o condicionamiento que depara, al Poder Judicial y al Ministerio Público en su conjunto. 

Precisamente a todo ello, nuevamente, se refirió la Vicepresidenta de la Nación hace pocos días, bregando por una reforma imprescindible para recuperar una funcionalidad democrática y que la Argentina no se vuelva una misión imposible.

No tardaron mucho en reaccionar desde los entes corporativos que comparten la conformación endogámica y aristocrática de la Justicia, en salirle al cruce a Cristina reclamándole prudencia republicana, evitando “agravios” e “injerencias” de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial que comprometan su alicaída independencia.

Justamente esas representaciones que amparan a miembros que, cotidianamente, agravian e intervienen inconstitucionalmente las esferas propias del Parlamento y del Gobierno. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, planteó que “… más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana, de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en sus críticas y respeto institucional (…) Esa moderación que desde esta institución reclamamos, debe extremarse aún más en contextos de debilidad económica y social como la que atravesamos, reconocidos desde el actual gobierno”.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con similar descaro frente a las constataciones que a diario reflejan un accionar menoscabante de esos valores, adujo que la “independencia judicial constituye un derecho humano” y que uno de los fines fundamentales de la división de Poderes es “asegurar la independencia de los órganos del sistema de justicia (sin) injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo”.

Agregando, que “tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las instituciones judiciales, debiendo evitar cualquier riesgo de incurrir en injerencias prohibidas en la función jurisdiccional, máxime cuando los cuestionamientos pueden ser interpretados con un sesgo amedrentador ante cualquier decisión adversa a los intereses particulares”.

Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hoy conducido por los miembros de los grandes Estudios corporativos en donde revistan defensores de los Consorcios financieros, bancarios y empresarios, particularmente transnacionales, no se quedaron atrás y solícitos con sus compañeros de ruta, sostuvieron: “(…) deslegitimar públicamente a las/los juezas/jueces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia (…) No hay democracia posible sin una justicia creíble y eficaz …”.

Sin duda, la democracia exige esas calidades de la Justicia. Pero pretender que su desprestigio, la falta de confianza y de credibilidad social puedan resultar de los señalamientos -irrebatibles- de la Vicepresidenta, haciendo caso omiso de que tal situación no es potencial sino real y efectiva por el comportamiento colonizado de sectores de la magistratura, comporta una absoluta hipocresía.

¿El odio es más fuerte?

El nivel de violencia explícita que se verifica en expresiones de dirigentes, adherentes y patrocinadores de la oposición ha crecido exponencialmente, lo que surge nítidamente de declaraciones, mensajes en redes sociales, manifestaciones en el espacio público y en cuanta oportunidad se les acerque algún micrófono tanto de los medios que consideran aliados como, especialmente, cuando no los tienen por tales.

Además de una irracionalidad que en algunos es lindante con aparentes serios problemas psíquicos, lo que se advierte es la expresión de un odio visceral y de total intolerancia de lo diverso, plural o contrario a un pensamiento fundamentalista netamente mesiánico y reaccionario.

Los carteles o pancartas que portaban los manifestantes en las últimas movilizaciones opositoras, la colocación de figuras con horcas o guillotinas, el depósito de bolsas negras simulando las clásicas que contienen cadáveres con los nombres o fotografías de las más altas autoridades políticas de la Nación y de dirigentes sociales, sindicales y de organismos de derechos humanos, son un ejemplo, pero hay una peligrosa escalada reciente que requiere una mayor atención.

La publicación en Facebook por la Subsecretaria de Turismo de un Municipio de la Provincia de Mendoza, que consistía en la fotografía de un “Ford Falcon verde” (icónica representación del plan sistemático de desaparición forzada, tortura y exterminio de la dictadura genocida), en cuyo baúl estaban las fotos de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof, con una imagen del genocida Jorge R. Videla al costado del auto. Publicación, que era acompañada con la frase: “El sueño de todos los argentinos de bien”.

Otro funcionario municipal, esta vez de la Provincia de Córdoba, Ernesto Gavier presidente del Concejo Deliberante de Bell Ville, en las redes sociales lamentó que la Vicepresidenta de la Nación no hubiera sido enterrada junto al faraón (como acostumbraba el antiguo Egipto) en clara alusión al fallecido ex Presidente Néstor Kirchner. 

Hace unos días se repitió otra manifestación del odio de personas que se congregaron frente al Instituto Patria, arrojando bolsas de basura en la puerta del edificio mientras que quien lucía como conductor del grupo movilizado, mediante un megáfono, vociferaba consignas expresamente referidas a Cristina: “ahora te toca la horca para deshacernos de vos y todos tus cómplices”, “te vamos a sacar a patadas en el culo”, “los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos”, “los vamos a ahorcar ahí mismo donde los encontremos”, “!os vamos a matar a todos”. Lo que sucedía ante la presencia e indisimulada complacencia de efectivos de seguridad, pertenecientes la Policía de la Ciudad (CABA).

Para rematar se viralizó un video del resucitado ex teniente coronel Aldo Rico que, en una ostensible apología del delito, convocaba a los “camaradas de armas a reunirse” para prepararse para un asalto al poder de las Fuerzas Armadas mediante un golpe de Estado, reivindicaba el plan sistemático de desapariciones y exterminio de la última dictadura al que denominaba -falsa y eufemísticamente- “guerra contra la subversión”, se solidarizaba con los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y hacía gala de un patrioterismo funcional a los intereses antinacionales. En el cual, cínicamente, acusaba de “violentos” a quienes reclaman en las calles por derechos que resultan de necesidades inocultables, tildándolos de piqueteros planeros.

A la deriva no se llega a buen puerto

Todo ese cúmulo de acciones desestabilizadoras no es objeto de un rechazo categórico del conjunto de la clase política, por el contrario, se guarda un silencio cómplice o, peor aún, se las promueve, celebra o convalida desde amplios sectores opositores.

Los riesgos que implican son enormes, los daños para un sistema de convivencia democrático pueden ser irreparables y los damnificados no se limitarán a quienes comulguen con la fuerza política que gobierna, sino que comprenderá a todas y todos los que sinceramente deseen vivir en democracia. 

La emergencia requiere, en primer lugar, una pueblada que dé cuenta de la irrestricta defensa de las instituciones, identifique causas y responsables de las operaciones desestabilizantes, y manifieste el rechazo categórico de cualquier aventura violenta y disruptiva.

En segundo lugar, disponerse a inundar de votos las urnas en las próximas elecciones, en favor de quienes francamente se crea garantizarán una democracia participativa, plural y respetuosa de la diversidad de opiniones o preferencias políticas.

No será mediante un golpe institucional -tradicional o de los nuevos modelados en el siglo XXI-, como persigue buena parte de la oposición y algunos propios o cercanos al Gobierno nacional, que será factible avanzar en la construcción del país que nos merecemos e impedir la impunidad de aquellos que conspiran contra el Pueblo y la Nación argentina. Sino con el accionar en defensa propia de la ciudanía, entendiéndolo como un punto de partida y no de
llegada por una Argentina independiente, justa y democrática de verdad.

Es preciso tomar conciencia que hoy urge revalorizar que toda política duradera de reivindicaciones y conquistas sociales va, inescindiblemente, unida a la democracia real, a organizaciones populares y de la sociedad civil vigorosas, unidas y movilizadas que den sustento y exijan una política al servicio del país priorizando a las mayorías, combatiendo los privilegios elitistas antinacionales y propendiendo a una desarrollo soberano, solidario, inclusivo y con justicia social.

MÁS INFO
Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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